Por un Servicio Público de Vivienda

sanduzelai_IruñaLa vivienda debe ser un derecho subjetivo al mismo nivel que la Educación o la Salud, de prestación obligatoria por las instituciones y exigible jurídicamente por cada persona que carezca de ella. Hablamos de un Servicio Público de Vivienda, cuya titularidad correspondería al Gobierno de Navarra, pero en el que los Ayuntamientos podrían ser la red capilar que distribuyera hasta la última unidad familiar, a semejanza del modelo de funcionamiento de los Servicios Sociales.

Habría que empezar por revertir NASUVINSA a la titularidad pública. Por revertirla de hecho, ya que ya lo es de derecho, arrebatando su control a los delegados de promotoras y constructoras (Anai Astiz, Zarraluqui…). NASUVINSA ha funcionado en la práctica como un instrumento de gobernanza para repartir la oferta de suelo entre los promotores. Ha sido el seguro de desempleo de la industria del ladrillo, como evidencia el comportamiento anticíclico de las cifras de vivienda de protección oficial entre los años 2001-2011, dejando de sacar al mercado VPO cuando el modelo privado era boyante, y acudiendo al rescate cuando se hundió el negocio. Ha funcionado como oligopolio sostenedor de precios, como cualquiera puede darse cuenta comparando los precios en el mercado libre con los precios de VPO cuando el mercado libre ha estado de capa caída y los sucesivos consejeros del PSN y UPN se han negado a bajarlos, o revisando la bochornosa historia de las revisiones del módulo de VPO durante los años 2001 a 2007, cuando Gobierno de Navarra forzó su subida extemporánea para adecuarse a los precios de burbuja.

Esta reversión a lo público de las políticas de vivienda se dirime en las elecciones forales. Pero los nuevos Ayuntamientos tienen un papel que jugar como garantes y declaradores de derechos, tanto con Gobierno de cambio como sin él. El Ayuntamiento de Pamplona no solo está obligado a poner en uso las doscientas viviendas vacías de las que es titular. El uso que les dé va a ser toda una declaración de intenciones en Políticas Sociales. El Ayuntamiento puede desentenderse traspasando la gestión de este parque a NASUVINSA. O puede corresponsabilizarse, optando por una gestión directa coordinada con las políticas forales, si éstas van a ir en la buena dirección después del 24M, o a la contra si el cambio se frustra en Gobierno de Navarra. Una gestión directa que pasa por la propia adjudicación de la vivienda, que debe hacerse sin ningún rodeo ni tutela de Servicios Sociales, a través de requisitos objetivos, para marcar claramente que las políticas públicas de vivienda no son para población marginal, excluida o límite, sino un derecho para todos.

El Ayuntamiento no puede revertir el bloqueo del Tribunal Constitucional a la Ley Foral de Vivienda de 2013. Pero puede aplicar la Ordenanza de Viviendas Desocupadas que el Ayuntamiento aprobó hace más de una década, a la que sólo le falta la relación de contribuyentes y girarles el recibo. Basta simplemente con cruzar los datos de la contribución urbana con los datos de Padrón y establecer los requisitos que se pueden alegar para evitar la declaración de una vivienda como desocupada, de tal forma que los particulares no resulten afectados por una política fiscal dirigida esencialmente contra los “terratenientes” del siglo XXI: los bancos, sus inmobiliarias y estos nuevos inversores privados de alta gama que han acudido como buitres a hacerse con los despojos de la crisis. El dinero recaudado por este impuesto no va a ser mucho, dado el tipo impositivo limitado por la Ley Foral de Haciendas Locales. Seguramente no pasará de dos millones de euros. Pero va a mandar una señal clara al mercado: retener vivienda vacía para rentabilizarla va a tener un coste.

En tanto NASUVINSA no funcione como un auténtico Servicio Público, el Ayuntamiento de Pamplona debe invadir su espacio de actuación y, además de su propia oferta de vivienda, habilitar la gestión de una bolsa de alquiler que movilice la vivienda privada hacia el mercado. De esta forma desde el Ayuntamiento se señalan las dos patas de un política pública de vivienda a día de hoy. Por un lado, el aguijón fiscal y la penalización a la vivienda vacía. Por otro, facilitar que esa vivienda vacía cumpla su función a través del alquiler.

Finalmente, el Ayuntamiento de Pamplona debe mover su tesorería fuera del ámbito de la banca que se ha lucrado con la especulación inmobiliaria, la que ha desahuciado y la que sigue persiguiendo la deuda de las personas desahuciadas.

Ana Lizoain, Armando Cuenca, Iñaki Arzoz

Candidatura Ciudadana Aranzadi

Un proyecto de ruptura democrática para recuperar Pamplona para la ciudadanía

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